Mientras no cesan las críticas a la ley ómnibus de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el presidente Javier Milei, el gobernador Alberto Weretilneck salió en su respaldo. Los críticos a la «Ley Malvinas» aseguran que el proyecto de la Casa Rosada tiene artículos que chocan con la Constitución Nacional, ya que -entre otras cosas- violenta la libertad de prensa, elimina los límites entre defensa nacional y seguridad interior, corre al Congreso del control y habilita la persecución penal sin causa judicial a ciudadanos por terrorismo ante una «sospecha razonable».

Así y todo, el Gobierno de Río Negro emitió un comunicado oficial para expresar el apoyo del mandatario.

«El gobernador Alberto Weretilneck respaldó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone nuevas herramientas para proteger el territorio argentino, sus recursos naturales, el espacio aéreo y marítimo y la infraestructura estratégica frente a amenazas externas», indica el texto oficial.

Sin dudas, el mascarón del proyecto de Milei es incuestionable ya que habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.

El mandatario rionegrino destacó especialmente las medidas destinadas a proteger los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. “Defender la soberanía también significa defender nuestros recursos y tener las herramientas para actuar frente a quienes pretendan apropiarse de lo que pertenece a los argentinos. Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política”, sostuvo.

Prefirió recostarse en el lado amable del proyecto, pero no se expresó sobre los puntos que se atacarán en la Justicia por anticonstitucionales.

“Argentina necesita una política de Estado clara: nuestros recursos naturales se defienden y nuestra soberanía se respeta. El Estado tiene que contar con instrumentos concretos para hacerlo efectivo”, afirmó Weretilneck.

Sanciones y VMOS

Uno de los principales puntos del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. El régimen alcanza también a accionistas, contratantes y proveedores indispensables para esas actividades, y establece multas, pérdida de habilitaciones, prohibiciones para contratar con el Estado e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en el país.

La iniciativa incorpora además herramientas para impedir que cambios en las estructuras societarias permitan eludir las sanciones y establece mecanismos destinados a que quienes actualmente desarrollan estas actividades cesen en esa conducta.

En este punto se generó un debate ya que las sanciones que la Casa Rosada promueve contra Sea Lion (el proyecto petrolero offshore que impulsan empresas británicas e israelíes), tendrían consecuencias contra prestadores de servicios, como Clearwater, el proveedor de las monoboyas para el oleoducto VMOS que exportará el petróleo de Vaca Muerta por Punta Colorada.