Tras el reclamo de los bomberos, la llegada de facturas millonarias de ARSA a los cuarteles y las infructuosas gestiones ante el Gobierno para resolver el problema, ahora, el Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura un proyecto de ley que crea un régimen especial para cubrir los servicios de agua potable y desagües cloacales de las asociaciones de Bomberos Voluntarios.

La solución llega tras la nota que el jefe del cuerpo en Bariloche, Jorge Lagos, nacionalizara la queja en el noticiero de América TV, una nota que reprodujo ayer esta agencia, donde el dirigente imploró la intervención del gobernador Alberto Weretilneck para evitar que le corten el agua a los cuarteles.

Lagos aseguró que se reunieron con el titular de ARSA, Javier Iud, mantuvieron encuentros con legisladores y otros funcionarios, pero no lograban que el Gobierno los exceptúe del pago del servicio que, además, utilizan el SPLIF y Parques Nacionales para combatir los incendios.

La propuesta establece que las entidades legalmente constituidas y reconocidas en la provincia quedarán eximidas del pago de las tarifas, cargos fijos, cargos variables y demás conceptos incluidos en las facturas correspondientes a los inmuebles afectados a su actividad operativa.

Los costos serán asumidos íntegramente por la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y con recursos provenientes de Rentas Generales. De esta manera, los prestadores continuarán cobrando por los servicios brindados, pero las asociaciones no deberán adelantar fondos ni gestionar posteriores reintegros.

El beneficio será para las actividades operativas

La cobertura estará destinada exclusivamente a los inmuebles, instalaciones y consumos vinculados con las tareas propias de prevención, capacitación, intervención y respuesta ante emergencias.

Quedarán excluidos los consumos generados por actividades comerciales, sociales, recreativas o cualquier otra que resulte ajena a la función operativa e institucional de los cuarteles.

La iniciativa alcanza a Aguas Rionegrinas y a cualquier otro concesionario, organismo público, municipio, cooperativa o entidad que preste los servicios de agua potable o saneamiento dentro del territorio provincial.

No podrán cortarles el servicio

Uno de los puntos centrales del proyecto prohíbe que los prestadores suspendan, limiten o interrumpan el agua potable o los desagües cloacales de las asociaciones beneficiarias por falta de pago de las facturas que correspondan al Estado provincial.

Tampoco podrán aplicarse intereses, recargos, gastos administrativos u otros conceptos originados por eventuales demoras atribuibles al procedimiento de pago de la Provincia.

Las facturas deberán identificar a la asociación beneficiaria, el inmueble y número de suministro, el período, el consumo registrado, el importe y la condición de pago a cargo del Estado.

Incorporación automática

La autoridad provincial competente deberá crear y mantener actualizado un registro con las asociaciones y los suministros comprendidos. La incorporación al régimen será automática una vez acreditados los requisitos correspondientes.

El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo la implementación financiera y presupuestaria, en coordinación con el organismo provincial encargado de los Bomberos Voluntarios y el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC).

El organismo regulador deberá adaptar los cuadros tarifarios, procedimientos y sistemas de facturación. Además, el Gobierno tendrá que incluir anualmente en el Presupuesto provincial las partidas necesarias para financiar el beneficio.