El intendente de Allen, Marcelo Román, fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. Así lo estableció la jueza de juicio que, además, dispuso un plazo de investigación penal preparatoria de dos meses. Así, avaló los hechos que expusieron la fiscal jefe, Graciela Echegaray, y fiscal del caso Celeste Benatti.

Cabe recordar que según la acusación, “entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal para autorizar la compra de un celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad, por un monto total de $596.812,38”.

“Además, el imputado apartó y extrajo dicho bien de la actividad patrimonial del municipio y se lo dio a una persona que no es agente municipal ni posee vínculo contractual que legitime la tenencia de bienes del Estado”, explicó la fiscalía.

“Con esta entrega, el imputado quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno disponga del recurso como si fuera propio, ocasionando un perjuicio al erario público municipal”, agregó.

“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna, y aún así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal.

Seguidamente, señaló que “dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo, como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.

“Este imputado habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a los empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión que reforzaron el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidaron la disposición privada del recurso estatal”, concluyó la fiscalía.

La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para el intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, articulo 45 y 54 del Código Penal.
Mientras que para el otro imputado es la de partícipe necesario de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia se encuentran la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen y documentación como el acta de asunción como intendente, la carta orgánica, copia de comodatos de celulares corporativos, la factura de compra del celular en cuestión de este legajo fiscal.

Se agrega el informe concretado por el Departamento de Contaduría Forense dependiente del Ministerio Público de Rio Negro, que realizó el análisis de las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento que la fiscalía realizó en el edificio municipal.

La fiscalía enumeró además que posee copias certificadas de pago interno y externos, facturas, transferencia, todas a la empresa Movistar; además del legajo de la investigación que realiza el Tribunal de Cuentas, informes de la División Judicial e Investigaciones tanto de San Antonio Oeste como de Allen. A lo anterior, se suman más de 35 entrevistas realizadas en sede fiscal.