La UnTER, ASSPUR, ATE, la CTA Autónoma y sindicatos universitarios, de prensa y del IUPA se congregaron para «enfrentar el ajuste» del gobierno de Milei y su «correlato» en Río Negro. Salario de $2.000.000 (dos millones de pesos) para que no haya ningún trabajador/a por debajo de la línea de la pobreza. Fue el viernes en Roca, y será -aseguran- el puntapié inicial de la unidad gremial en la provincia.

El reclamo central, es que el salario mínimo debe ser de $2.000.000 para que no haya ningún trabajador por debajo de la línea de la pobreza.

«Pusimos en común el desafío que implica para la clase trabajadora el ajuste salvaje de Milei, así como su correlato en la provincia llevado adelante por el gobernador Weretilneck, cuyo espacio político gobierna hace ya 13 años. Aprovechando el contexto nacional actual Juntos Somos Río Negro ha profundizado su orientación restrictiva y conservadora, ocasionando un deterioro sistemático de nuestros sistemas de salud y educación», indica el comunicado que distribuyeron los sindicatos.

Y agregaron: «Tenemos la responsabilidad de construir una agenda común. Coordinar medidas, unificar reclamos, poner en pie la fuerza que tenemos cuando actuamos colectivamente. Porque lo que está en juego es claro: nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos, y el futuro mismo de lo público. Y eso no se logra en soledad», aseveraron.

Los gremios se comprometieron a coordinar miradas y acciones para reclamar ante el gobierno provincial y nacional un pliego de reivindicaciones:

-Salario de $2.000.000 (dos millones de pesos) para que no haya ningún trabajador/a por debajo de la línea de la pobreza.
-Ante la amenaza de Weretilneck de congelar nuestro salario exigimos la continuidad del IPC como criterio de actualización.
-Basta de sumas no remunerativas que licuan nuestros salarios.
-Incorporación del bono de $ 250.000 (dos cientos cincuenta mil pesos) al salario básico.
-Condiciones de trabajo y edilicias adecuadas que permitan desarrollar nuestras tareas de forma segura.
-Derogación de las auditorías privadas y funcionamiento efectivo del IPROSS para garantizar el derecho a la salud.
-No al fraude electoral que buscan perpetrar en el IUPA imponiendo a Blanes como rector electo a dedo por Weretilneck.
-Cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario para garantizar la actualización salarial de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales.
-No a las reformas laboral, previsional y educativa.
-Libertad de expresión para los trabajadores y trabajadoras de prensa. Si hay plata para silenciar a los medios, también debe haber para salarios dignos.
-No a la persecución sindical mediante amenazas, negación de licencias y retención de cuotas sindicales.

Los sindicatos anunciaron que el 12 de mayo «nos movilizamos por el pleno cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario. Convocamos a todos los sectores a acompañar y especialmente llamamos a las centrales obreras a encontrarnos en la calle en defensa de la universidad».