La Legislatura de Río Negro sesionará el jueves 30 de abril, y uno de los proyectos que tratará es el proyecto de ley que impulsa la administración Weretilneck para modificar la regulación de la actividad farmacéutica en Río Negro. Ante ese abordaje, el Colegio de Farmacéuticos expresó su preocupación, ratificando las expresiones que la semana pasada fueron realizando diferentes profesionales de la provincia.

La entidad emitió un texto en el reparos a la iniciativa gubernamental. Cabe recordar que de las primeras observaciones que realizaron los farmacéuticos desde que se conoció la idea oficial, es que no fueron consultados para trabajar la reforma planteada, que tiene impacto directo en la salud de la población.

El comunicado está firmado por la titular del Colegio, Alejandra Fanloo, tras recabar la opinión de los profesionales allí nucleados.

El documento

«El medicamento no es una mercancía cualquiera. Nuestra Constitución provincial lo reconoce como un bien social básico y fundamental, lo que implica que su acceso, calidad y uso deben estar garantizados bajo criterios sanitarios y no exclusivamente comerciales.

La farmacia no es un comercio sino un establecimiento sanitario, un espacio de cercanía donde la comunidad consulta, inicia tratamientos, controla su salud, accede a vacunación, recibe orientación profesional. El rol del farmacéutico resulta esencial para asegurar el uso seguro y racional de los medicamentos, evitando riesgos asociados a su consumo inadecuado.

El modelo vigente ha permitido, a lo largo de los años, una cobertura homogénea y equitativa de atención farmacéutica en toda la provincia, garantizando la presencia de farmacias en distintos barrios y localidades, incluso en aquellas donde la rentabilidad económica no sería suficiente para sostenerlas bajo una lógica de mercado.

Si bien el proyecto propone mejorar la competencia y el acceso, este tipo de medidas no siempre logra esos objetivos y puede debilitar el control sanitario en la dispensa de medicamentos. En salud pública, la eficiencia no puede medirse solo en términos económicos, sino en calidad, seguridad y equidad. Las experiencias de desregulación muestran resultados preocupantes: concentración de farmacias en zonas de alta rentabilidad, debilitamiento de la atención profesional y una creciente tendencia a considerar al medicamento como un bien de consumo. Las empresas, en su lógica comercial, tienden a ubicarse en áreas densamente pobladas, dejando sin cobertura adecuada a amplios sectores de la población y los precios de medicamentos no disminuyen, porque las farmacias no somos formadoras de precios.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en este punto: la farmacia es parte del sistema de salud y el medicamento, por su impacto en la salud, requiere un control profesional y estatal adecuado. También señaló que la farmacia es inescindible del farmacéutico, cuya presencia es una garantía para la comunidad. En ese sentido destacó que las reglas sobre quién puede ser titular de una farmacia no son arbitrarias, sino que buscan asegurar un servicio seguro y de calidad, protegiendo la salud de la población (CSJN, “Farmacity”, 2021). En la misma línea, la justicia federal en una resolución reciente advirtió sobre los riesgos sanitarios que pueden generar procesos de desregulación en esta actividad (CCAF, «Cofa», 2025).

Estamos a favor de la modernización. Entendemos que los avances tecnológicos, como la receta electrónica, ampliamente promovida por el sector farmacéutico y organizacionales pueden y deben incorporarse. Pero cualquier reforma debe ser compatible con el carácter del medicamento como bien social y con la protección efectiva del derecho a la salud.

Asimismo, preocupa que un tema de esta trascendencia, en un ámbito tan sensible como la salud pública, sea tratado en un contexto de urgencia, sin los espacios adecuados de debate y participación social que la propia Constitución provincial promueve. Más aún cuando está en juego un cambio de enfoque: de un modelo sanitario orientado a la prevención, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida, hacia esquemas que pueden priorizar lógicas de mercado. Estas decisiones requieren un análisis amplio y responsable por su impacto en la salud de la población.

Defender el actual modelo no implica sostener intereses sectoriales, sino proteger un sistema que garantiza acceso equitativo, seguridad en la dispensa y presencia de servicios farmacéuticos en toda la provincia.

Porque, en definitiva, no está en juego un mercado: está en juego la salud de la población».